![[Ilustración: Mankoff - The New Yorker]](http://3.bp.blogspot.com/_30vB58geqJA/SYxRWd-LLlI/AAAAAAAAAOc/tEyl7ll0_KU/s1600-h/Mankoff+-+The+New+Yorker.gif)
El plan de ayuda con que el gobierno federal de Estados Unidos quiere aminorar los efectos de la crisis financiera está comenzando a mostrar su impacto en la gestión de recursos humanos. Luego de las numerosas críticas que recibieron las prácticas de compensación ejecutiva de las empresas que protagonizaron el debacle del 2008, durante Febrero se comunicó que las compañías beneficiadas con el paquete de asistencia no podrán pagarles a sus máximos ejecutivos más de US$500.000 al año. En respuesta a la polémica derivada del uso de stock options, se definió que las empresas podrán entregar acciones a estos ejecutivos, pero no podrán cobrarse hasta que el dinero estatal haya sido devuelto. El anuncio fue realizado por el propio presidente Barack Obama, acompañado por el Secretario del Tesoro Timothy Geithner (el mismo que fue cuestionado por no haber pagado impuestos por un monto cercano a los U$34.000). Las medidas comunicadas son rigurosas, y buscan dar la señal de que el dinero de los impuestos estadounidenses no será utilizado para enriquecer a unos pocos en vez de estabilizar el sistema. Para ello, definen una especie de “sueldo ético” para ejecutivos.
De esta forma, el estado entra a reglar en un ámbito de gestión de las personas que comúnmente se deja a criterio de las empresas, todo esto en el contexto de una crisis. Más allá de eso, sin embargo, vale la pena preguntarse sobre las obligaciones en el ámbito de los recursos humanos que debieran cumplir las empresas que reciben algún tipo de subsidio o crédito estatal. A lo menos, debiera asegurarse que tales empresas cumplan con la normativa relativa a protección de los trabajadores. Estas exigencias podrían abarcar ámbitos como el pago de remuneraciones, cobertura de salud, ahorro previsional, la correcta utilización de la franquicia tributaria, prácticas contra las organizaciones sindicales y procedimientos apropiados de desvinculación. No sería aventurado incluir también procedimientos de selección que aseguren la igualdad de oportunidades o la aplicación de prácticas de compensación que eviten inequidades excesivas en los ingresos.
Meckler, L., Bauerlein, V., Roth, A. y Prada, P. (2009) Obama anuncia límites a los sueldos en las entidades que reciban ayuda federal. Artículo publicado en The Wall Street Journal, WSJ / Americas, versión online. 5 de Febrero, 12:05 A.M. Eastern Time. Re publicado en El Mercurio del 5 de Febrero, página B9.
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Nota: En Chile hay referencias de medidas bastante más radicales aplicadas a la gestión de personas en las empresas durante la crisis bancaria de 1982. Ésta implicó la intervención del sistema bancario como última alternativa para evitar el colapso de economía, todo esto por parte de un gobierno que intentaba realizar reformas neoliberales a la economía. La crisis dio origen a la llamada “deuda subordinada”, actualmente pagada por todas las instituciones herederas de las que existían a principios de los años 80, con la notable excepción del Banco de Chile, el que no terminará de pagar su deuda hasta bien entrado el siglo XXI. En la experiencia chilena no se consideró la limitación de sueldos, probablemente porque incluyó la designación de "interventores", una medida, bastante más radical (y, probablemente, posible sólo en el contexto del gobierno autoritario de la época).
Es una señal en la línea correcta y antepone los intereses del Estado a los intereses personales. En rigor, superponer los intereses institucionales a los personales debiese ser un deber en cualquier empresa, asociando los resultados de corto y mediano plazo a una parte del patrimonio de los ejecutivos.
Esto es derechamente impopular y parece una regulación excesiva, aunque la evidencia muestra que el autocontrol no ha funcionado y que la codicia y fórmulas cuestionables del cálculo de los bonos e incentivos variables (mediante distorsión y «manejo» de la contabilidad, que sabemos no cuesta nada y es fácil de hacer) son evidencia de que el bien común es una utopía para la mayoría de los ejecutivos o simplemente no les importa, pues «los valores son para lo privado, en lo público se aplica la ética pragmática».
Desde mi punto de vista, si no se piensa en el «nosotros» antes que en el yo y si no se tiende a que el dinero llegue ecuánimemente a la mayor cantidad de gente, mediante fórmulas claras, conocidas y consensuadas, tendremos pocas esperanza futuras.
Si no es por convicción, que sea por obligación: asociar el patrimonio propio a la gestión que se haga en las empresas, en cualquier organización y sobre todo en las estatales. La conciencia de los otros y la generosidad no han nacido espontáneas en el mundo empresarial, así que hay que forzarlas.
Otra gran discusión asociada a esto es el «derecho de propiedad privada». Parece una leguleyada que ha sostenido el sistema capitalista y que nadie cuestiona. ¿Cuál es el límite de la propiedad?, ¿personal o de todos? Desde una trinchera energética podría plantear que apropiarse de una porción de energía que es conceptualmente de todos, detiene el flujo de la misma y deja de irradiar y generar abundancia. ¿No es eso lo que pasa cuando los millonarios atesorar su plata mientras millones no tienen que comer?
Ojo que no es un planteamiento político. Es una mirada energética y que busca mirar a futuro, porque son tantas las señales de que el sistema económico está mal parido, es injusto y corrupto.
En esta línea esta mínima regulación que propone Obama, va en la correcta línea de la regulación. La autorregulación es una fantasía y la teoría del chorreo una de las mentiras y falacias mundialmente más populares del siglo XX.
¿No llegó ya el tiempo de cambiar o debemos esperar una catátrofe cataclísmica que nos aterrorice para volver los ojos a lo esencial, al servicio y a lo Superior?